Admite que las limitaciones autonómicas ponen en riesgo el nivel de.. conservación.
María Carnero, León.
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| Vista de Oseja de Sajambre, cuyo municipio forma parte del Parque Nacional de Picos de Europa. Foto: Fundación el Arcediano. |
El Gobierno central puso el pasado lunes sobre la mesa de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la que participan todas las comunidades autónomas, el borrador del anteproyecto de Ley de Parques Nacionales por el cual anuncia su intención de recuperar la gestión ambiental de estos espacios naturales, hoy en manos de las autonomías.
Este anuncio cayó como un jarro de agua fría sobre los representantes autonómicos, que se manifestaron en contra de la reforma de la actual Ley de Parques Nacionales y que se agarran a la sentencia del Tribunal Constitucional del 2004 que declaró que la gestión de estos espacios protegidos es competencia suya.
Este borrador, al que ha tenido acceso este periódico, propone un "nuevo escenario competencial en el que el Estado debe ejercer su capacidad de coordinar y su competencia residual de gestión de los parques nacionales, que el propio Tribunal Constitucional ha señalado como competencia estatal", describe el borrador. En este sentido, "el cambio de norma es una necesidad obligada para la viabilidad de la preservación de los parques nacionales y para rectificar la tendencias desestabilizadoras que se han apreciado en estos últimos años". El texto va aún más lejos al segurar que las competencias que el Estado ha otorgado a las comunidades autónomas respecto a la gestión de los parques nacionales "no están justificadas constitucionalmente y durante estos años trascurridos ha puesto claramente en evidencia sus insuficiencias, riesgos y limitaciones".
Este podría ser el caso de Picos de Europa, el último parque nacional del país cuya gestión pasó a manos de las comunidades autónomas sobre las que se asienta su territorio. De esta manera Castilla y León, Asturias y Cantabria asumieron de forma conjunta la gestión de este espacio protegido el 14 de diciembre del 2010, después de años de negociaciones entre comunidades y Gobierno central.
Para el ministerio, el consorcio creado por las autonomías podría no haber cumplido con las expectativas depositadas para asegurar los niveles de conservación adecuados y recuerda que al tratarse de legislación básica sobre medio ambiente, la competencia exclusiva recae sobre el Estado en virtud del artículo 149.1.23ª de la Constitución.
Publicado en: Diario de León, 12-6-2013.
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