La mayor parte de los casos, muchos de ellos en localidades menores, son de Burgos y León
S. ESCRIBANO, 14-4-2015.
Un puñado de votos pone o quita a un alcalde en una localidad pequeña. Y para votar hay que estar inscrito en el censo electoral. El control de alertas del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha saltado en 105 municipios de Castilla y León al detectar en los seis meses anteriores a la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo un «incremento de residentes significativo y no justificado». Estadística ha trasladado el listado a la Junta Electoral Central.
¿Qué puede motivar una inscripción sospechosa de vecinos en una localidad rural en la que la tónica es que el cura se especialice en funerales y haga fiesta el día que tiene un bautizo? La respuesta está en el interés, algo que encajaría bajo la denominación de ánimo de lucro político. Hacerse con un coto de caza o con una «suerte de leña» comunal que caldeará la chimenea gratis, optar a impuestos de matriculación más económicos que en las capitales o poner freno o impulsar instalaciones polémicas como graveras, canteras o vertederos, cuya llave está en quien gobierna el Ayuntamiento. En otros casos hay rencillas políticas o desavenencias vecinales por medio.
Los responsables del INE ponen en relación la cifra del padrón con el incremento de los últimos seis meses y el aumento habitual que hubo en periodos anteriores. Aplican una fórmula matemática y si el crecimiento del padrón supera el nivel del 10% de incremento se enciende el botón rojo. A partir de ese momento se inician averiguaciones.Estadística pide a los ayuntamientos bajo sospecha que justifiquen ese engorde del padrón y certifiquen que los nuevos vecinos están en situación de «residencia efectiva» en esa localidad.
Hay ocasiones en las que sale de ojo que el empadronamiento es correcto. Es el caso de localidades de los entornos de las capitales de provincia. Pero en otros no ocurre lo mismo. O los alcaldes pasan directamente de dar explicaciones y contestar al requerimiento del INE o lo que alegan no resulta convincente. En esta situación están los 105 municipios de Castilla y León del listado remitido a la Junta Electoral. Son dos de cada tres de España. Burgos encabeza la clasificación, con 58 municipios bajo sospecha; seguida de León (25) Palencia (16) Segovia (5) y Ávila (1). Suman esos 105 municipios de un listado nacional que se completa con otros 52 de Guadalajara, Cuenca, Cantabria, Jaén, Albacete, Almería, Castellón, Pontevedra, La Rioja, Teruel y Zaragoza.
¿Por qué esa proliferación de casos en Castilla y León? Porque el mapa autonómico es propicio. El incremento abusivo, desmesurado, fraudulento de un censo para que ofrezca posibilidad de ser decisivo en unas elecciones se circunscribe a localidades pequeñas. El INE vigila por norma las de menos de 2.000 habitantes, porque considera que a partir de esa cifra resulta muy difícil cometer fraude en el padrón y el censo electoral. Y Castilla y León es la comunidad con más municipios de España, la mayor parte de menos de 500 habitantes, y la que concentra la mayor parte de pedanías y juntas vecinales.
De hecho, la mayor parte de las alertas autonómicas se concentran en tres provincias: Burgos, León y Palencia. Justamente, en las que se enclavan la mayoría de las entidades locales menores de la comunidad.
Ante un padrón ‘vitaminamizado’ a las puertas de una elecciones, el INE conmina al Ayuntamiento a incoar la baja de oficio en los casos en que la «residencia efectiva» no sea real. Si el alcalde no contesta, lo único que puede hacer Estadística es notificar la situación a la Junta Electoral Central.
La publicación del listado de los municipios con sospecha de fraude en el censo se hace en los seis días siguientes a la convocatoria de elecciones y se abre un periodo de impugnación. Este plazo termina esta semana. Por lo pronto, en la delegación provincial burgalesa han recibido ya seis reclamaciones. La Oficina del Censo Electoral debe resolver esas impugnaciones y decidir si retrotrae la situación a la «inscripción padronal anterior» o no y su resolución puede recurrirse ante el juez.
Cuando el padrón de habitantes se convierte en un avispero
Hablar de crecimientos sospechosos del censo electoral es entrar en terreno resbaladizo. Intentar profundizar en el origen es como meter la mano en un avispero y lanzarse a descubrir qué avispa es la que ha picado. Algunos alcaldes ni se ponen al teléfono. Otros lo enmarcan dentro de la normalidad. Otros reconocen que sí puede esconder una maniobra movida por el interés político. En Merindad de Río Ubierna (Burgos), la alarma ha saltado en dos entidades menores: Villalbilla-Sobresierra y Quintanarruz. Raúl Martín, alcalde del municipio cabecera, asegura que en una de las dos localidades la alarma es injustificada. Tiene muy pocos pobladores y ha acogido alguna familia nueva. En la otra no pasa lo mismo. «Hay casi el doble de empadronados», reconoce. El origen podría estar en el coto de caza. El que controla el Ayuntamiento controla el coto.
Javier González, alcalde de la localidad abulense de Hoyocasero, comenta que pueden haber ganado entre 60 y 70 votantes, la mayoría en el último año. Y eso contando con que oficialmente ha perdido habitantes en los últimos cuatro años. Su padrón de residentes ha pasado de 332 a 283 entre 2011 y 2015. Su alcalde argumenta que todos los nuevos empadronados tienen vivienda en propiedad, alquilada o lo están en casa de sus padres. «No hay altas en viviendas en ruinas», afirma. Y tampoco casas ‘patera’. ¿Que puede que haya personas que lo hacen para votar en las municipales? «No podría negarlo», apunta el regidor, que aventura que los nuevos vecinos tienen afinidades políticas variadas.
Cerca de Salas de los Infantes, en Burgos, está Cabezón de la Sierra. El municipio es viejo conocido del Procurador del Común (por quejas), del Consejo de Cuentas (en su día por ausencia de rendición de cuentas) y ahora, también, de la Oficina del Censo Electoral. «Yo no puedo controlar si viven 120 días al año o no. Tienen su casa, pagan el agua, la luz y los servicios. No entro en a quién votan», afirma su alcalde, Paulino Alonso Melchor (PP). Asegura que la caza o acceder a leña comunal gratuita mueven a la gente a empadronarse. Lo que pasa es que en este municipio la mayoría de estos nuevos vecinos han dejado el trámite para el final. «Y eso sale más de ojo», comenta el alcalde que reconoce una convivencia conflictiva en el Ayuntamiento.
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