Tejerina defiende que la normativa no favorece la especulación urbanística ya que sólo corrige un olvido sobre los municipios de Valdeón y Sajambre
 |
| Valle de Sajambre |
Los votos en contra del PP permitieron rechazar las enmiendas a la totalidad de la Ley de Parques Nacionales presentadas por el PSOE, CiU, BNG y La Izquierda Plural. En el debate previo a la votación, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, rechazó las acusaciones de la oposición que consideran que el texto es innecesario, invade competencias y rebaja la protección de los parques ya que, según dijeron, permite actividades como la navegación y el vuelo sin motor, y abre la puerta a la recalificación urbanística y la edificación en estos espacios protegidos.
La ministra rebatió está a acusación y aseguró que la nueva ley "no autoriza ninguna actividad que no se estuviese realizando con anterioridad dentro de los parques". Es más, dejó claro que se prohíben de forma expresa algunas que ahora no están prohibidas como la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras, la caza deportiva y comercial, la pesca deportiva y recreativa, y la tala con fines lucrativos.
Tejerina hizo hincapié en que la ley refuerza la coordinación entre el Estado y las comunidades encargadas de la gestión de los parques ya que ahora hay espacios gestionados por varias autonomía, como el de la Sierra de Guadarrama y el Picos de Europa, donde la coordinación no es la más adecuada. Y es que, a juicio de la ministra, la actual ley en vigor, aprobada por el gobierno socialista en 2007, impedía cumplir "suficientemente bien" el objetivo de conservación de los parques nacionales. En este sentido manifestó que "carece de sentido que los parques nacionales se den la espalda los unos a los otros dependiendo del territorio en el que radiquen".
Según la ministra, cuando la nueva ley entre en vigor las comunidades autónomas seguirán siendo las encargadas de la gestión de los parques mientras que al Estado corresponderá la creación de nuevos parques nacionales y la coordinación entre todos los existentes, que en la actualidad son 15 y ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas. El último en incorporarse fue, en junio del año pasado, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Según explicó también Tejerina la ley permite una intervención directa del Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en caso de desastres medioambientales o situacionesextraordiarias como grandes incendios forestales que pongan en peligro la integridad de estos espacios naturales.
La oposición
Desde la oposición, el portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, acusó Gobierno de querer llevar adelante una ley "absolutamente innecesaria" que rompe el consenso alcanzado con la ley vigente de 2007 que fue aprobada "por unanimidad de todos los grupos" y con el respaldo también de las comunidades autónomas.
Según manifestó el portavoz socialista, el texto "va en detrimento de la protección del medio ambiente y en benéfico de la actividad lucrativa". En este sentido aseguró que se pretende "la mercantilización de los espacios, la confusión sutil entre el uso público, el disfrute ciudadano y el turismo económico".
A su juicio, la futura ley permitirá "cazar de forma privada y comercial; se podrá construir dentro de los parques nacionales ya declarados porque es posible declararlos urbanizables; se anteponen las actividades de los propietarios por encima del interés general" y se permite que "cada parque vaya a su libre albedrío".
En este sentido criticó que la norma contemple "singularidades" como la navegación en el Parque Nacional de Monfragüe o el vuelo sin motor en el del Guadarrama. "El propio Consejo de Estado ha dicho que es impropio establecer singularidades en los usos de cada uno de los parques", aseguró Ábalos que añadió que no se entiende "esto de que en un parque se pueda sobrevolar y en otros e puedan practicar deportes náuticos".
El portavoz socialista argumentó que el propio Consejo de Estado le pide al Gobierno que "devuelva el toro al corral" y, citando textualmente el informe, le recomienda que "debe reconsiderarse la totalidad del texto". Según Ábalos, la ley es un atentado contra los principios de los parques nacionales" por lo que pidió al gobierno que retire "este engendró que sólo obedece a intereses particulares de algunos a costa del patrono o natural de todos los españoles".
Desde los demás grupos que presentaban enmiendas a la totalidad - CiU, BNG e Izquierda Plural- se escucharon argumentos bastante similares. El diputado de CiU, Marc Solsona, aseguró que la ley es innecesaria desde el punto de vista medioambiental y que el Gobierno la lleva adelante con el objetivo de "recuperar el control de todo aquello que puede" buscando una "recentralización encubierta justificada por el mal funcionamiento" de los parques que no es real.
También desde La Izquierda Plural se hizo hincapié en la presunta invasión de competencias autonómicas que supone esta ley. Además, la diputada Laia Ortiz, manifestó que la ley es " en un 80 por ciento es igual a las anterior" y que "el 20 por ciento restante lo dedican a permitir actividades que estaban prohibidas". Sobre este asunto aseguró que "se deja la puerta abierta a la urbanización y la edificación en el interior de los parques" y a actividades como "la navegación turística en Monfragüe y el vuelo si motor en el Guadarrama".
El PP rebate las acusaciones
Por su parte, la diputada María Teresa de Lara, que habló en nombre del PP, rebatio una a una las acusaciones de la oposición que, a su juicio, son fruto de la "ignorancia" o de "un intento de manipular".
De esta forma, De Lara aseguró de forma contundente que "el proyecto de ley no invade competencia autonómica alguna" sino que "simplemente atribuye al Estado las que constitucionalmente le corresponden y que no recoge la ley en vigor". Así, explicó que "asigna al Estado la amparada por el Constitucional de intervenir excepcionalmente en determinados supuestos extraordinarios y de forma puntual y singular en caso de conservación desfavorable".
Además, dijo, la futura ley "no rebaja los niveles de protección de los parques nacionales sino todo lo contrario" ya que "no se contempla ninguna actividad nueva que no se estuviera realizando con anterioridad" y "declara incompatibles actividades como la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras que "aunque parezca extraño" es algo que "no se contempla en la legislación socialista del año 2007".
Asimismo indicó que "no se abre la puerta al urbanismo en los parques nacionales ni se favorece la especulación urbanística". A este respecto dijo que "no cabe interpretación" sobre este punto. "Lo que hace le texto es corregir el olvido que tuvo la ley de 2007" sobre los municipios de Posada de Valdeón, Oseja de Sajambre (ambos en León) y Villarreal de San Carlos (Cáceres) ya que, aseguró, los ciudadanos que allí viven "requieren para su normal desarrollo disponer de suelo urbano para atender sus necesidades básicas".
']]}
