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| Isabel Carrasco. Presidenta de la Diputación de León. |
El polémico 'caso de los kilometrajes' en el que se acusa a la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, de cobrar presuntamente dietas de kilometrajes como consejera de Caja España por cubrir desplazamientos que realizaba con su coche oficial de la Diputación ha dado un nuevo giro con un nuevo auto de la fiscal a la titular del Juzgado número 3 de León, Blanca Esther Díez, en el que pide nuevas diligencias y aprecia tres posibles delitos: malversación de caudales públicos, falsificación de documento público y otro relativo al artículo 439 del Código Penal por malversación de cargo público. Un tipo de delito, éste último, que supone pena de prisión de seis meses a dos años, una multa económica y la inhabilitación especial para cargo público de entre uno a cuatro años.
El auto, con fecha 5 de febrero, supone un nuevo varapalo para la también presidenta del PP leonés ya que hasta la fecha incluso ha rechazado públicamente su imputación en el caso por el que supuestamente habría cobrado unos 20.000 kilómetros a un precio de 20 céntimos por kilómetro.
Asimismo, la fiscal ve la necesidad de que testifiquen los tres testigos recusados en su día por Carrasco por “enemistad manifiesta” por lo que desestima su recurso. Estos testigos son tres exconsejeros de Caja España: el expresidente de la Diputación, Javier García Prieto (contra el que el PP leonés ha intentado promover medidas sancionadoras), el exalcalde de León, el socialista Paco Fernández, y Miguel Ángel Álvarez, actual consejero del Banco CEISS y responsable del Monte de Piedad de la entidad.
El escrito de la letrada destaca que el testimonio de estos testigos más el del chófer de Carrasco es «pertinente y útil» ya que por su cargo pueden aclarar si vieron a la presidenta asistir a los consejos de administración con su coche oficial los días señalados en el auto y explicar la dinámica y funcionamiento de estas reuniones y el cobro de dietas por su asistencia. Además, la fiscal también ha solicitado que se amplíen las declaraciones judiciales a otros tres chóferes de la Institución provincial, a mayores de los ya citados anteriormente.
Dos años de culebrón
El ‘caso de los kilometrajes’ se remonta ya a hace más de dos años, cuando el PSOE presentó la denuncia. Una vía judicial que los socialistas abandonarán poco más tarde al entender que una acción en los tribunales en contra de la presidenta de la Diputación podría perjudicar a los ayuntamientos socialistas en el reparto de inversiones de los planes de la Diputación Provincial de 2012. Pero el relevo de la denuncia lo tomó el concejal del Partido Autonomista Leonés (PAL) en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Francisco Fernández Gómez. Desde entonces las recusaciones de testigos y los múltiples recursos de ambas partes han alargado en el tiempo la instrucción judicial en la que tan si quiera se ha llamado a declarar a Isabel Carrasco.
Publicado en: El Norte de Castilla, 14-2-2014.
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